Por Liza María Martínez
Santo Domingo – Representantes de los principales gremios del sector turístico afirmaron que la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos afecta de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del turismo, al considerar que la forma en que se les calcula el pago no refleja la realidad de sus operaciones.
Durante una rueda de prensa, explicaron que el origen del problema radica en que las MIPYMES turísticas han sido clasificadas de forma incorrecta, ya que actúan como intermediarias en la comercialización de servicios y solo reciben una comisión por las ventas que realizan.
«Queremos dejar claro que apoyamos la sostenibilidad ambiental y toda política pública orientada a proteger el medio ambiente. Nuestro planteamiento no es en contra del objetivo de la ley, es en contra de una forma de aplicación que, para las MIPYMES turísticas, resulta desproporcionada y desconectada de la realidad operativa del sector», expresaron.
Los gremios señalaron que la propia Ley 225-20 establece que la fórmula de cobro debe considerar factores como la cantidad de residuos generados, el tipo de actividad económica, los niveles de ingresos y los beneficios obtenidos, por lo que entienden que estos criterios no se están aplicando correctamente.
Indicaron que las agencias de viajes, tour operadores y mayoristas comercializan servicios de terceros, como hoteles, aerolíneas, transporte, excursiones y seguros, por lo que su facturación bruta no representa el ingreso real de sus empresas.
«No estamos solicitando una excepción caprichosa, sino una aplicación coherente con el espíritu técnico de la ley», manifestaron.
Los representantes del sector reiteraron su llamado a las autoridades para revisar el mecanismo de aplicación de la normativa, con el objetivo de que responda a las características reales de las MIPYMES turísticas y no afecte la competitividad del sector.
